El cantón de Vaud será el primero que lo regulará en residencias de ancianos y hospitales. Una juez declara inconstitucional la ley canadiense que lo prohíbe y los obispos reciben “con desolación la decisión”
ForumLibertas.com 20/6/12

La polémica sobre el suicidio asistido y la posibilidad de abrir con él una puerta a la eutanasia sigue estando de actualidad. El cantón suizo de Vaud y Canadá son los escenarios donde ha surgido de nuevo la controversia, al producirse dos hechos que vienen a significar una apuesta por ese tipo de prácticas.
 
El cantón de Vaud, en Suiza, será el primero que contará con una ley para regular la asistencia al suicidio en las residencias de ancianos y en los hospitales, según aprobaron en referéndum el pasado domingo, 17 de junio, los habitantes de esta jurisdicción.
 
El referéndum fue aprobado con el 62% de los votos y la propuesta enmarca la ayuda al suicidio y establece sus condiciones básicas: la persona que lo solicite debe sufrir de una enfermedad incurable y ser capaz de discernir.

La norma señala que personas distintas al personal del establecimiento donde se encuentra el enfermo deben haber propuesto y discutido antes con el paciente la posibilidad de recibir cuidados paliativos.
 
La propuesta aprobada por la ciudadanía surgió como una alternativa a la iniciativa presentada por la asociación suiza de ayuda al suicidio Exit, que pretendía obligar a las residencias de ancianossubvencionadas con fondos públicos a aceptar los suicidios asistidos en sus instalaciones.
 
Exit, que propugna una muerte digna, cuenta con 16.500 miembros en el cantón de Vaud y presentó su iniciativa en 2009 acompañada por más de 14.000 firmas, lo que lleva a concluir que 2.500 de esas personas no estaban de acuerdo.
 
El presidente de la Asociación Exit, Jerome Sobel, ha defendido el “derecho a la autodeterminación” de las personas que viven en residencias de ancianos, que actualmente dependen de la voluntad del personal que trabaja en ellos para acceder a una asistencia al suicidio.
 
Pero, esta propuesta, a la que se han los grupos católicos y evangélicos, no tiene en cuenta que muchos de los ancianos que pueden acabar tomando esa decisión lo hacen por que se encuentran en la más absoluta soledad, a falta de una mano amiga. Así, de alguna manera la tercera edad está en el punto de mira de los partidarios del suicidio asistido.
 
Una sentencia contra la ley
 
Prácticamente al mismo tiempo, una juez del Tribunal Supremo de la provincia canadiense de la Columbia Británica ha declarado inconstitucional la ley nacional que prohíbe el suicidio asistido por discriminar a los enfermos físicamente discapacitados. La resolución, sin embargo, no entrará en vigor hasta dentro de un año, el tiempo que la magistrada Lynn Smith ha concedido al Parlamento de Canadá para que modifique la legislación.
 
Smith señala que el suicidio no es ilegal en Canadá, por lo que la ley de 1892 que penaliza el suicidio asistido “contraviene el artículo 15 de la Carta Magna que garantiza la igualdad de derechos. [...] Con la normativa actual, las personas válidas tienen más derechos que las inválidas o las minusválidas para acabar con su propia vida”, concluye la juez.
 
La resolución del Supremo da la razón a las cinco personas que interpusieron la demanda, entre las que se encuentra Gloria Taylor, una mujer de 64 años que desde 2009 padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cuyo frágil estado de salud -está en silla de ruedas y tiene que ser alimentada a través de un tubo- provocó que se acelerara el proceso durante el pasado mes de agosto.
 
Taylor ha quedado excluida de la suspensión de los efectos de la resolución judicial y podrá solicitar la asistencia médica para acabar con su vida en los próximos 12 meses, siempre que lo haga por escrito y un doctor atestigüe que no tiene esperanza de recuperación.
 
Por su parte, Rob Nicholson, el ministro de Justicia canadiense, indicó que esperará a leer la sentencia para decidir si la recurre. Los analistas dan por seguro que finalmente será el Tribunal Supremo de Canadá el que resuelva definitivamente sobre la constitucionalidad de la ley.
 
Hay que recordar que en el país norteamericano, aconsejar, asistir o instigar al suicidio está penado con un máximo de 14 años de prisión. Si el Parlamento accede a modificar la legislación, Canadá se uniría a Suiza, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, los únicos países donde el suicidio asistido es legal. En Estados Unidos, solo Montana, Washington y Oregon lo admiten. En España, Ley de Autonomía del Paciente permite rechazar cualquier tipo de tratamiento pero la práctica del suicidio asistido no está autorizada.
 
“Desolación” de los obispos canadienses
 
Al conocer la sentencia de la juez, los obispos canadienses han mostrado su rechazo y“desolación” ante la decisión tomada por la juez en una nota hecha pública este lunes, 18 de junio.
 
“La Conferencia Episcopal de Canadá (CECC) ha recibido con desolación la decisión que acaba de tomar una juez de la Corte suprema de la Columbia Británica sobre el suicidio asistido”, afirma en el comunicado el presidente de los obispos canadienses Richard W. Smith, arzobispo de Edmonton.
 
La nota del arzobispo Smith afirma que “la posición de la Iglesia católica es clara sobre esta cuestión: la vida humana es un don de Dios. Por esta razón, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, en su nº 2.280, 'nosotros somos los administradores y no los propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No podemos disponer de ella'”.
 
“Ser los administradores de la vida –añade la nota episcopal- requiere igualmente a cada uno de nosotros y a la sociedad entera que respondamos a los sufrimientos físicos, emocionales y morales de las personas de todas las edades, especialmente aquellas que están seriamente enfermas o minusválidas”.